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No es el objetivo de esta columna hablar sobre las razones históricas del sistema económico chileno, sino es dar una pequeña mirada crítica y jurídica sobre éste, y su relación con las luchas sociales.
El sistema político chileno se condice con el de un Estado abstencionista y consecuente con esto, el sistema económico es de corte liberal o, como algunos lo llaman, neoliberal. Se caracteriza por una intervención estatal mínima en cuanto a la economía, es decir, el Estado deja a los particulares (regulados principalmente por el mercado) la realización del bien común, y sólo actúa cuando estos no lo pueden lograr por sí solos, obviamente tiene matices pero de manera general funciona así.
Los últimos sucesos sociales principalmente la lucha por la educación, además de otras reivindicaciones sociales, como las del sector salud o vivienda, tienen algo en común: todas apuntan hacia la consecución del bien general reclamando la intervención estatal. De esto podemos afirmar que no hay coherencia entre lo que demandan los movimientos sociales y el sistema político-económico. Este es el principal problema jurídico que existe, aunque en el fondo es un problema político: el tipo de Estado que queremos los chilenos.
Jurídicamente tanto la Constitución Política de la República como las leyes, consagran el rol abstencionista del Estado. Qué quiere decir esto: que nuestra norma superior, por la cual todas las demás normas se rigen, manda que el Estado no realice la mayoría de las actividades y sobre todo se abstenga de perturbar a los particulares en el ejercicio de sus derechos. Así por ejemplo, la Teletón es una obra realizada por particulares (normativamente: una fundación), por lo tanto si lo hacen ellos, para el Estado la obligación de hacerse cargo de las personas con discapacidades físicas disminuye hasta casi desaparecer, es decir, se abstiene, sólo se preocupa de no entorpecer la labor de la fundación.
Esto mismo pasa con la educación y es por ello que existen Universidades, colegios y salas cunas privadas, pues el Estado sólo interviene en aquellos casos en que los sujetos no pueden procurarse por sí mismos estos bienes, consecuencia de esto es que finalmente el mercado viene a regular cuestiones como la salud o educación. Algunos pueden pensar que esto está bien, al menos jurídicamente no hay ningún problema con que así sea. Pero ¿es esto coherente con el sentir de la ciudadanía que se ha manifestado en las calles?
Lo que busca esta columna es crear la conciencia de que la salida final a los problemas sociales que hoy se exige solucionar, no van a venir por una ley de presupuestos favorable o una partida enorme de becas. Si bien estos son pasos que podrían ser positivos, las personas que piden una actuación más activa del Estado y que desean evitar numerosas y largas luchas por cada beneficio social determinado, sólo les queda una opción: reclamar una reforma profunda al sistema político-económico chileno. Jurídicamente: un cambio constitucional.
Por Colectivo Conocimiento Acción Libre (CAL)
Por Colectivo Conocimiento Acción Libre (CAL)
